La aprobación de normas claras contra futuras crisis energéticas buscan estabilizar los precios y limitar ganancias extraordinarias para proteger a…
La aprobación de normas claras contra futuras crisis energéticas buscan estabilizar los precios y limitar ganancias extraordinarias para proteger a los consumidores.
En un esfuerzo por responder a la crisis energética que marcó al año 2022, los gobiernos de la Unión Europea (UE) aprobaron un conjunto de normas destinadas a reformar el funcionamiento del mercado energético. Este paso busca limitar las abruptas subidas de precios y los beneficios extraordinarios que se registraron durante la anterior crisis.
Las nuevas regulaciones pretenden ofrecer a los consumidores precios de la energía más estables y previsibles, garantizar un funcionamiento eficiente del mercado y evitar distorsiones del mercado interior. Así, el bloque quiere reducir la dependencia de los precios de los combustibles fósiles y mejorar la protección frente a futuras crisis energéticas, en consonancia con sus planes de descarbonización y transición hacia el Net Zero.
Entre las novedades introducidas se encuentran los contratos de compra de electricidad (CCE), que son acuerdos a largo plazo que proporcionan estabilidad, tanto a clientes como a inversores, promoviendo su adopción y reduciendo la burocracia y las cargas innecesarias. Además, los Estados miembros podrán seguir apoyando la inversión en energías renovables mediante el establecimiento de sistemas de garantía y la utilización de contratos bidireccionales por diferencia, o sistemas equivalentes, para sus sistemas de apoyo directo a los precios.
Estos contratos bidireccionales por diferencia representan una herramienta clave, ya que permiten a los generadores de energía estar protegidos con una remuneración mínima, asegurando al mismo tiempo que operen y participen de manera eficiente en los mercados de la electricidad y reaccionen ante las circunstancias del mercado. En periodos de precios elevados, los generadores tendrían que devolver los ingresos excedentes, que podrían distribuirse a los clientes finales, invertirse para reducir los costos de la electricidad para los clientes finales o utilizarse para desarrollar redes de distribución.
Finalmente, con la reforma, el Consejo Europeo tiene la facultad de declarar una crisis sobre la base de una propuesta de la Comisión Europea, en caso de que los precios en los mercados mayoristas de la electricidad sean muy elevados o de que se produzca un aumento de los precios minoristas de la electricidad.
